JUVENTUD REPUBLICANA DE ESTADOS UNIDOS APOYA LA ESTADIDAD PARA PUERTO RICO

April 11, 2017

ADELANTE LA ESTADIDAD

April 5, 2017

VOTA POR LA ESTADIDAD

March 30, 2017

Mensaje del Gobernador de aceptacion del plan fiscal

March 14, 2017

Paul Ryan’s FULL Presentation on American Health Care Act (Obamacare Replacement)

March 9, 2017

Americans Support Statehood for Puerto Rico More than D.C.

March 3, 2017

Americans Support Statehood for Puerto Rico

Thursday, March 02, 2017

Despite Puerto Rico’s ongoing fiscal issues, a sizable number of Americans support making the longtime U.S. commonwealth an official state. There remains far less support for granting statehood to Washington, D.C.

A new Rasmussen Reports national telephone and online survey finds that 40% of American Adults now believe Puerto Rico should be a state, up from 35% in the fall of 2013. Largely unchanged are the 39% who disagree and the 21% who are undecided.

The national survey of 1,000 Adults was conducted on February 26-27, 2017 by Rasmussen Reports. The margin of sampling error is +/- 3 percentage points with a 95% level of confidence. Field work for all Rasmussen Reports surveys is conducted by Pulse Opinion Research, LLC. .

 

Mensaje de presupuesto Ricardo Rossello

March 1, 2017

President Trump Full Speech to Congress

March 1, 2017

Primer mensaje de Ricardo Rosselló Gobernador de Puerto Rico

March 1, 2017

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Conforme lo dispone nuestra Constitución, comparezco por vez primera ante ustedes para ofrecer el Mensaje sobre el Estado de Situación en que encontramos el Gobierno y compartir la agenda que estamos ejecutando desde el primer minuto en que asumimos la Gobernación de Puerto Rico.

Ustedes como legisladores y nosotros desde la Rama Ejecutiva, asumimos un gobierno con un déficit que supera los $7,000 millones. La crisis que confrontamos va mucho más allá de esa astronómica cifra, ya que las consecuencias de la misma impactan el diario vivir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

La solución al problema no radica estrictamente en ecuaciones financieras, ya que el gobierno se administra para servir a la gente; a seres humanos que sufren y padecen por las decisiones que nosotros determinemos como los oficiales electos por el pueblo.

Para encontrar la solución a la crisis, debemos comprender su origen, identificar las causas que la agravaron, adjudicar las responsabilidades que correspondan y definir la trayectoria hacia la recuperación definitiva.

Si algo no pretendo hacer, es utilizar este podio para lanzar ataques contra la oposición política, ni adjudicarme ser el dueño de la verdad absoluta. La historia confirma que quienes así lo hicieron, no aportaron nada positivo a nuestra sociedad. Por el contrario, hoy deseo invitarlos a que juntos le demostremos al pueblo, que, respetando nuestras diferencias políticas, podemos coincidir en beneficio de Puerto Rico.

Cada día me levanto agradeciéndoles a Dios y a mi pueblo, por la gran oportunidad de servirles como gobernador.  Pero no descanso en ello; entendiendo perfectamente bien, que cada día, tengo que ganarme su confianza.  Por eso hoy les pido a todos comprensión, confianza y unidad de propósitos para superar la crisis que golpea a los puertorriqueños.

Consciente de que la crisis la debemos enfrentar juntos, aunando esfuerzos en una misma dirección, he procurado mantener un diálogo con todos los sectores políticos. El liderato legislativo, de mayoría y de minoría, pueden dar fe de que las puertas de La Fortaleza están abiertas al diálogo y a las buenas ideas, independientemente de donde provengan.

De la misma forma, estoy disponible para hacer lo propio con todos los sectores de nuestra sociedad.

Ese ha sido nuestro ánimo desde el instante en que me trasladé a la sede del Tribunal Supremo, la madrugada del pasado 2 de enero, para juramentar como gobernador y comenzar a emitir las primeras órdenes ejecutivas para atender de inmediato la crisis fiscal que afecta las operaciones gubernamentales.

Tomamos acción rápida y, efectivamente, con la convicción de que Puerto Rico se levantará con más fuerza que nunca.

Para lograr ese objetivo, iniciamos con una orden ejecutiva decretando un estado de emergencia fiscal, a los fines de impartir instrucciones para que cada agencia examine sus operaciones, identifique las medidas de reducción de gastos y se congelen los puestos vacantes y de confianza en el gobierno.

Al presente, hemos emitido más de 25 órdenes ejecutivas, teniendo como resultados la reducción de un 20% de los puestos de confianza en las agencias del gobierno; la reducción del 10% de los contratos de servicios profesionales y otro 10% en los gastos de las operaciones gubernamentales, entre otras iniciativas, para lograr economías que superan los $150 millones anuales.

Simultáneamente, emitimos la orden ejecutiva que crea el Centro de Oportunidades Federales. Para que tengan una idea, en la actualidad el Gobierno solamente compite en 214 programas federales, de 841 que hay disponibles, dejando de recibir Puerto Rico sobre $1,000 millones.

El Centro de Oportunidades Federales que creamos es una valiosa herramienta al servicio de las agencias del gobierno, de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, brindándoles apoyo en la búsqueda de oportunidades y en la presentación de propuestas ante el gobierno federal.  Empoderar el pueblo es crítico para levantarnos con más fuerza que nunca.

El centro trabajará en coordinación con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, conocida como PRFAA,  y con la Oficina de nuestra comisionada residente en Washington, Jennifer González. Un esfuerzo en conjunto para accesar mayores recursos para Puerto Rico.

Nuestra tercera orden ejecutiva declara una emergencia en cuanto a la infraestructura de la Isla, definiendo un procedimiento expedito, al amparo del ordenamiento legal, para el desarrollo de proyectos que faciliten la reactivación de nuestra economía, creando empleos y mejorando la calidad de vida en Puerto Rico.

A manera de ejemplo, las obras que están cobijadas por esta orden ejecutiva, incluyen proyectos de energía, de acueductos y alcantarillados; de infraestructura portuaria y de transportación, como también de manejo de desperdicios sólidos y construcción de escuelas, hospitales y revitalización de centros urbanos. Estas acciones van dirigidas a crear empleos, bajar el costo energético, y proteger nuestro medioambiente. 

El desorden y la improvisación con la cual se administró el presupuesto del gobierno quedaron atrás. Para dejar en el pasado esas prácticas, emití la orden ejecutiva que le establece a todos los departamentos y agencias públicas, proceder con la metodología de Presupuesto Base Cero a partir del año fiscal 2017-2018 y de conformidad con el plan eiscal aprobado para Puerto Rico, según lo dispuesto en la Ley federal PROMESA.

Esta medida garantiza que encontremos dónde se estáperdiendo o botando el dinero del gobiernopara poder ver resultados concretos.

Honrando la palabra empeñada durante el proceso electoral, de inmediato, comenzamos a hacerle justicia a la mujer puertorriqueña. A esos efectos, emitimos la orden ejecutiva 2017-006, para implementar la política pública que garantice Igual Paga por Igual Trabajo. De la misma forma, creamos por orden ejecutiva el Concilio de Mujeres, y su directora ejecutiva, para asegurarnos que toda la política pública a favor de la mujer se adelante. 

Estadísticas del Departamento del Trabajo demuestran que la mujer representa el 43% de la fuerza laboral en Puerto Rico. Aun cuando existe legislación estatal y federal que protege los derechos de la mujer, al presente continúan siendo objeto de discrimen y de situaciones injustas de inequidad en el salario que reciben. Ante eso, nuestra administración responde con el establecimiento de una política pública que no deje margen a la duda y para que las mujeres sepan que éste es su gobierno.

La sección primera de esa orden ejecutiva establece y cito: “Será la política pública de la presente administración que se aumente la participación de la mujer en puestos directivos dentro del Gobierno de Puerto Rico”.

Con orgullo hoy podemos decir que excelentes mujeres profesionales están al mando de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Recursos Naturales; la Administración de Familias y Niños, la Administración de Seguros de Salud, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Assmca, la ACAA, Asume; la Administración de Terrenos, la Comisión de Desarrollo Cooperativo, la Comisión para la Seguridad en el Transito, la Escuela de Artes Plásticas, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos; además de, naturalmente, la Procuradora de la Mujer, que se une a decenas de funcionarias ejecutivas en La Fortaleza y en otros cargos de dirección en nuestra Administración.  Todas ellas son parte del concilio de mujeres.

Prácticamente, la mitad del gabinete gubernamental lo ocupan mujeres en nuestro gobierno, una cifra sin precedentes en nuestra historia, y más del 70% del presupuesto es manejado por mujeres. Estamos actuando, conforme a nuestro compromiso. Estamos avanzando en el camino hacia la igualdad, para levantarnos con más fuerza que nunca.

Destacando ese logro en la conformación de nuestro gobierno, no puedo pasar por alto un reconocimiento al amor de mi vida; a una extraordinaria mujer, que día a día trabaja junto a mí por un mejor Puerto Rico: La primera dama, mi querida esposa, Beatriz.

Aprovecho la ocasión para felicitarla por la excelente celebración del tradicional Día de Reyes; evento exitoso, en el cual no se utilizaron fondos públicos y se fomentó el voluntariado que le brindó alegría a nuestra niñez, particularmente a quienes menos oportunidades tienen de recibir un regalo ese día.  Hoy está con nosotros en este recinto el niño Daniel Omar Rodríguez Cruz. Nos acompaña su familia y el agente Martín Aldarondo, de la Policía de Puerto Rico, quien, junto a su esposa, donó parte de sus salarios para la compra de juguetes para el Día de Reyes.

Compañeras y compañeros legisladores; el mejor regalo que todos podemos hacerle a Omarcito y a los niños de Puerto Rico, es trabajar sin descanso para que ellos tengan acceso a mejores oportunidades educativas. Para que se desarrollen en un Puerto Rico seguro, sin violencia y con desarrollo económico para todos en nuestra sociedad. En ese objetivo todos debemos estar unidos.

Con mucha satisfacción les informo que una de las órdenes ejecutivas que recientemente firmé dispone que los palcos privilegiados, asignados al gobernador en las principales instalaciones de eventos deportivos y espectáculos, ya no estarán disponibles para los allegados al poder, que durante el pasado gobierno las utilizaban para su disfrute y actividades de negocios.

Las noches donde los “anaudis” de la vida frecuentaban el palco del gobernador, son cosa del pasado. Ahora esos palcos y las llamadas suites del Coliseo, las utilizan los estudiantes destacados de nuestras escuelas públicas, en reconocimiento a su desempeño académico y para estudiantes de educación especial. Vamos a premiar a quienes se lo merecen.

Hoy nos acompañan varios de esos estudiantes que han disfrutado de espectáculos artísticos, desde los palcos que antes utilizaban el gobernador y sus amistades.

Hoy les damos la bienvenida al Capitolio a varios de esos jóvenes estudiantes, entre ellos a Mercedes López Esteva, Ivaneliz Gambaro Rodríguez, Adriana Berdecía Hernández, Nylda Ojeda Zapata y Grecia Burgos Rivera, quienes se encuentran junto a la Secretaria de Educación, Julia Keleher.

Precisamente, en la Casa de las Leyes debo hacer un justo reconocimiento a las representantes y los representantes; a las senadoras y senadores, que han avalado nuestra agenda legislativa. Para ésta fecha se han aprobado más leyes que en ningún otro cuatrienio durante los primeros cincuenta días. Ese proceder evidencia el compromiso de enfrentar la crisis con el sentido de responsabilidad y urgencia que el momento requiere.

En nombre del pueblo de Puerto Rico les agradezco su trabajo y compromiso.

El primer proyecto convertido en ley incorpora el concepto de las alianzas público-privadas participativas a las iniciativas para el desarrollo económico y dispone los mecanismos para capitalizar los sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico. En abril, ya tendremos la primera Cumbre de APP+Ps, donde se analizarán, al menos, 25 oportunidades que existen para desarrollos de infraestructura necesaria y crear empleos.

La segunda ley aprobada dispone las facultades de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico – conocida como AAFAF – para fiscalizar el cumplimiento del presupuesto certificado, cónsono con el Plan Fiscal aprobado, de conformidad con la legislación federal PROMESA.  Nuevamente, esto se hace para garantizar el uso responsable de los fondos públicos, y que tus contribuciones den resultados.

La tercera legislación aprobada se denominó como Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. Esta ley nos faculta tomar las medidas temporeras de emergencia que sean necesarias para lograr que el gobierno siga operando y ofreciendo los servicios esenciales a la ciudadanía.

Posteriormente, se aprobó la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, definiendo las regulaciones que permitan el desarrollo comercial en Puerto Rico.

Estamos haciendo a Puerto Rico más competitivo, para atraer hacia nuestra Isla mayor inversión y fomentar la actividad económica. Así crecemos. Así se crean empleos. Así se progresa. Así nos levantamos con más fuerza que nunca.

En nuestro empeño para que Puerto Rico recobre la confianza y la credibilidad perdida, se aprobó la legislación de cumplimiento, conocida como Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico.

Esa ley establece los mecanismos para que nuestro gobierno cumpla con sus obligaciones, reconociendo a su vez, la responsabilidad primaria de cumplir con los servicios esenciales al Pueblo. Pasamos de los tiempos del incumplimiento, a un gobierno que actúa con responsabilidad y cumple.  Gracias a esta Ley, hemos podido tomar acción para restablecer nuestra credibilidad.  Rompimos con la filosofía del impago, y cumplimos este mes pasado con los acreedores de las obligaciones generales.

Para promover con mayor efectividad el desarrollo económico se aprobó la ley que define lo que se conocerá como Enterprise Puerto Rico.

Mediante esa nueva ley se podrá mercadear nuestra Isla como una jurisdicción óptima para el desarrollo de negocios y atractiva para inversiones en áreas de aeronáutica, aeroespacial; en la agricultura, en la biotecnología, en proyectos de energía; en la industria del entretenimiento, en actividad culturales, en informática, en desarrollos tecnológicos, servicios de salud y proyectos turísticos. En fin: vamos a presentarle al mundo un Puerto Rico vibrante, listo para hacer negocios en un ambiente de estabilidad económica. Vamos a presentar lo mejor de Puerto Rico.

Este esfuerzo también nos permitirá racionalizar los incentivos para Puerto Rico, a través del Código de Incentivos. Cada incentivo representa una apuesta y un gasto por parte del pueblo, con tus contribuciones. Hoy nadie sabe cuánto producen los incentivos ni tan siquiera donde están. Con este código, nos aseguraremos que solamente sean válidos los incentivos que produzcan empleos en Puerto Rico y que generen dinero para nuestra gente. 

En fiel cumplimiento con nuestros compromisos esbozados en el Plan para Puerto Rico, se convirtió en ley la legislación para instituir al Gobierno como Empleador Único y establecer el concepto de movilidad en las agencias. Esta ley representa la mejor opción para garantizar la estabilidad de empleos a nuestros servidores públicos y hacer más eficiente la operación gubernamental. El nuevo Gobierno surgirá con más fuerza que nunca.

Atendiendo el área social se convirtió en ley el proyecto que crea la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico. Dicha legislación, que contó con la colaboración y el respaldo del senador José Vargas Vidot, facilita que la modernidad y las ayudas del gobierno lleguen a las comunidades más necesitas. Esta ley nos permite empoderar al ciudadano y  a sus comunidades, que habrán tropezado, pero ahora se levantarán con más fuerza que nunca.

 A través de esa ley se procura el pleno desarrollo del tercer sector y las comunidades; integrando las organizaciones sin fines de lucro a la gestión gubernamental, para beneficio de los más vulnerables.

Entre los más vulnerables se encuentran las personas de edad avanzada. Para atender sus necesidades, brindarles protección y procurar que tengan acceso a oportunidades, se enmendó la Ley del Voluntariado de Puerto Rico. A través de dicha medida se crea el Programa de Servicios Integrales para las Personas de Edad Avanzada, adscrito a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión.

Uno de los efectos ocasionados por la crisis económica ha sido el éxodo de médicos especialistas hacia los Estados Unidos. La salud es una de las prioridades de nuestra administración. Atendiendo esa situación – aunque reconocemos que tenemos que hacer más – sometimos legislación y aprobamos la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos.  Esta legislación hace a Puerto Rico el destino más atractivo para los médicos en la Nación Americana.

Aspiramos que nuestra Isla se convierta en un importante centro regional de servicios de salud especializados. Vamos a desarrollar a Puerto Rico como un atractivo destino de turismo médico y como parte de múltiples iniciativas, facilitar que los médicos especialistas de alto nivel se establezcan aquí en nuestra Isla.  Pero sobre todo, nuestra aspiración máxima, es diseñar un nuevo sistema que esté centrado en el paciente y en la prevención.

Mi compromiso es trabajar para garantizar que servicios de salud de calidad estén disponibles y accesibles para todos los puertorriqueños.

En lo concerniente a la política pública sobre la integridad y eficienciagubernamental en nuestra administración, hoy convertí en ley el proyecto que crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.

Dicha dependencia será responsable de las auditorías internas del Gobierno, a los fines de evitar gastos innecesarios; identificar malversación de fondos y lograr el mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esta medida forma parte de nuestra política pública de cero tolerancia a la corrupción. Batallando la corrupción en todos los frentes, nos levantaremos con más fuerza que nunca.

Ante la consideración de la Asamblea Legislativa se encuentran varias medidas importantes, entre ellas la ley de permisos. Uno de los cambios más significativos que proponemos con esa medida, es la creación del Sistema Unificado de Información, el cual permitirá que, en un solo portal digital, se puedan accesar e integrar todos los procesos para solicitar permisos en Puerto Rico.

Señoras y señores legisladores; el costo de hacer negocios en Puerto Rico es significativamente alto, lo que limita nuestra capacidad para competir a nivel global y atraer dinero nuevo  hacia la Isla. Con estos cambios al proceso de otorgación de permisos, unido a la reforma laboral, y la reforma contributiva que estaremos presentando, entre otras medidas, lograremos que Puerto Rico se proyecte ante el mundo como un destino atractivo para hacer negocios, facilitando la creación de más y mejores empleos para nuestra gente.

El Estado Libre Asociado en la jurisdicción de los Estados Unidos con la mayor desigualdad económica y el menor ingreso per cápita para nuestros trabajadores. Llegó el momento de comenzar a revertir esa injusta situación. Durante las próximas semanas vamos a presentar las acciones ejecutivas y legislativas, para establecer la política pública de aumentar el salario mínimo, tanto en el sector público como en el privado.  Haciendo justicia a los que día a día trabajan duro, pero reciben el mínimo, nos levantaremos con más fuerza que nunca.

Ya se encuentra ante la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto para establecer la política pública y las regulaciones para el desarrollo e investigación del cannabis para fines estrictamente medicinales. Dicha política pública es cónsona con nuestro compromiso de posicionar a Puerto Rico como un importante centro de investigación científica y para la industria.

Estas han sido algunas de las primeras acciones de nuestro gobierno para enfrentar la crisis y darle estabilidad a la operación del gobierno; reduciendo el gasto público, haciendo más con menos y logrando mantener los servicios esenciales al pueblo, con un mayor grado de eficiencia.

Estamos implementando una agenda para reactivar nuestra economía y facilitar las condiciones para la creación de más y mejores empleos en el sector privado. Estamos demostrándole al mundo que Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad gubernamental. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos. Y así, nos levantaremos con más fuerza que nunca.

El turismo representa una importante industria para Puerto Rico. Durante décadas, la improvisación y las inconsistencias en las estrategias para mercadear a nuestra Isla como destino turístico han limitado el potencial que dicha actividad tiene para nuestra economía.

Vamos a transformar la manera como se promociona a Puerto Rico como destino turístico, redefiniendo el rol que le corresponde al gobierno como un ente regulador de la industria e integrando al sector privado para que participe de un esfuerzo concertado para promocionar exitosamente a nuestra Isla.

Ante la consideración de las cámaras legislativas se encuentra el Proyecto denominado como la Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino, también conocido como el “DMO”.

Estaremos adoptando un modelo exitoso en otras partes del mundo para promocionar destinos turísticos, insertando a Puerto Rico en las tendencias modernas de mercadeo de esa industria. Una nueva era de crecimiento en el turismo nos espera. En la nueva oferta de Puerto Rico al mundo conocerán nuestra cultura, nuestra música, lo mejor de nuestra agricultura, del entretenimiento y del espectáculo. En fin, conocerán lo mejor de Puerto Rico. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos.

En 57 días de nuestra administración hemos comenzado a restablecer la confianza en el gobierno. Inversionistas, la banca y los mercados financieros miran hacia Puerto Rico con más optimismo. Se proyecta ante el mundo que una nueva administración está en control del gobierno.

La planificación ahora ocupa el espacio de la improvisación del pasado. El pequeño y mediano comerciante hoy siente que el gobierno es un aliado facilitador, en lugar de un obstáculo para su desarrollo. Las empresas, que a duras penas subsistían recortando personal, hoy cuentan con leyes, que en lugar de limitarlos, estimulan su crecimiento y, por ende, pueden crear nuevos empleos para personas que no encontraban oportunidades en el mercado laboral.

Aunque son muchos los obstáculos que debemos superar en el camino hacia la recuperación definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Hay un nuevo amanecer en nuestra patria y eso debe motivarnos a todos para no defraudar a Puerto Rico. Porque así, nos levantaremos con más fuerza que nunca.

No obstante, el cambio de gobierno, la gravedad de la crisis ya había traído consigo la imposición del Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Supervisión Fiscal.

Previo a nuestra elección como gobernador y posterior a asumir el cargo, hemos mantenido informado a los miembros de la Junta de nuestras acciones para reducir el gasto público y reactivar la economía de nuestra Isla.

Justamente hoy estamos presentando a la Junta el Plan Fiscal que hemos producido para lograr las economías requeridas en la administración del gobierno, sin afectar los servicios esenciales al

pueblo, sin despedir empleados públicos, sin afectar el acceso a los servicios de salud para los que tienen la cubierta médica del estado y sin que se afecten las pensiones de los más vulnerables. De la misma forma, quiero reiterar que estamos implementando los compromisos programáticos del Plan para Puerto Rico.

No estoy aquí para establecer falsas expectativas. Estoy aquí para hablarte con la verdad. Aquí tendremos que hacer cambios grandes. Puerto Rico no aguanta más.  

La Junta de Supervisión Fiscal ha encontrado que la magnitud del problema es de más de $7,000 millones. Estamos de acuerdo con esa aseveración, aunque todavía no hay datos certificados de los años 2015 y 2016 para sustentarlo.

Ahora nos corresponde a nosotros enfrentar este problema y resolverlo. Para eso el pueblo nos eligió y para eso estamos aquí.

La decisión que debemos analizar es la siguiente: ¿Hacemos esos cambios para meramente cumplir con un objetivo fiscal, o utilizamos la oportunidad para hacer un nuevo gobierno?

Verán, mi aspiración es crear una nueva relación entre el gobierno y nuestro pueblo. No se trata de poner parchos pequeños a problemas grandes; pero tampoco de tomar iniciativas que destruyan nuestra sociedad.  Se trata de hacer una reestructuración de arriba hacia abajo de todo el gobierno.  Se trata de ahorrar y ser más efectivo con tú dinero y con tú gobierno.  Estos cambios no tienen que implicar medidas que le hagan daño a nuestra sociedad. Tenemos que aprovechar este momento para enfrentar los retos, y procurar los grandes cambios que Puerto Rico necesita.

Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas. Ha provocado que miles de puertorriqueños abandonen la Isla buscando mejores oportunidades. Los sacrificios más severos han recaído sobre los más vulnerables en nuestra sociedad. La solución a la crisis no puede ser penalizándolos aún más.

Deseo exponer ante ustedes y ante el pueblo las diferencias entre lo que propone la Junta y lo que hoy nosotros le estamos proponiendo como Plan Fiscal, para lograr un objetivo común: rehabilitar las finanzas del gobierno.

Las medidas que propone la Junta de Supervisión Fiscal están enmarcadas en ecuaciones estrictamente financieras.  En cambio, nuestra política pública está enmarcada en cumplir con los objetivos fiscales; pero también en promover el desarrollo económico, en nuestra capacidad de restablecer la credibilidad; en que el cambio se traduzca no tan solo un mero recorte, si no en un beneficio a largo plazo, y, sobre todo, en velar que los sectores más vulnerables y los que trabajan duro, día a día, tengan una mejor calidad de vida.

Un plan fiscal que no atienda estos factores, es simplemente inaceptable.  No es aceptable dejar al pueblo sin acceso a servicios de salud.  No es aceptable atentar contra los más vulnerables en nuestra sociedad.  No es aceptable despedir 30% de nuestros servidores públicos.

Afortunadamente, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal ha dejado claro que, y lo cito de una reseña noticiosa: “la Junta establece el tamaño del cuarto, y el Gobernador diseña el interior y mueve los muebles” – cierro la cita –  en clara referencia a que la Junta tiene como tarea identificar la magnitud del problema y asegurarse que se resuelva el mismo; mientras que el gobernador diseñará y ejecutará la política pública para lograr los cambios y cumplir con los mismos objetivos.

Analicemos de qué se trata:

En el recaudo, podemos ir en dos rutas. La Junta recomienda unas medidas, que si no se ajustan, podrían suponer un aumento en los impuestos, como por ejemplo, un alza del 11.5 al 22% del IVU. Eso provocaría una mayor contracción en nuestra economía y estimularía la evasión contributiva.

En cambio, para lograr el mismo propósito de allegar recursos al estado y lograr economías reduciendo el gasto público, nosotros proponemos medidas para ser más eficientes en la captación de recaudos e impuestos.

Garantizamos por ley la extensión a 10 años del impuesto a las foráneas, que nos permite cumplir con el 70% del aumento requerido.  Eliminaremos incentivos contributivos obsoletos. Implementaremos una Reforma Contributiva que esté atada a la modernización del Departamento de Hacienda; que se fundamente en un sistema más simple, que revise las contribuciones a la propiedad, que ataque la evasión de manera agresiva, con tasas tributarias más bajas, que estimule la inversión y la actividad económica, teniendo como consecuencia, mayores recaudos para el gobierno, producto de una economía en crecimiento.

A esa política pública le añadimos los efectos positivos que tendría en la economía la Reforma Laboral, la Reforma de Permisos, la Reforma Energética y la reestructuración de un gobierno más ágil en los servicios al pueblo.

Aquí vemos otra gran diferencia. La Junta pronostica un decrecimiento económico de 17%; el cual sería el más grande en la historia de Puerto Rico y dejaría nuestra isla prácticamente vacía. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dijo hace unos días que esto es una visión altamente pesimista, un decrecimiento que casi nunca se ha visto en el mundo, y que solamente ocurrirá si se implementan medidas de austeridad tan onerosas, que provoquen el éxodo masivo y la falta de crecimiento.

Con la colaboración de economistas, los nuevos datos que estamos viendo salir como el aumento en el recaudo del IVU, el aumento en la venta de cemento, el decrecimiento en las quiebras, con las nuevas medidas de desarrollo económico ya plasmadas, el panorama que estimamos es muchísimo más razonable.  

Esto nos provee un diferencial de $800 millones adicionales dentro de nuestro plan fiscal. Esto sin contar el propósito del gobierno federal, expresado por el presidente y el liderato del Congreso, que establece que sus políticas públicas van dirigidas a aumentar el crecimiento económico aún más.

Por lo tanto, en el renglón de ingresos, me place decir, que con propuestas muy distintas, llegamos al objetivo de un aumento en recaudos de $1,500 millones de dólares, y proyectamos un crecimiento económico más positivo que los estimados de la Junta.  Otra área de interés, es reducir en $1,600 millones el gasto en el gobierno.

En ese renglón, la sugerencia de la Junta para lograr economías en la operación del gobierno es la reducción de un 30% de la nómina gubernamental. Eso implicaría el despido de 45,000 empleados públicos; afectando directamente a más de 180,000 personas en sus núcleos familiares. Esa propuesta de la Junta provocaría una aparatosa caída de un 8% a un 9% en nuestra maltrecha economía, aumentando la recesión y reduciendo la actividad económica en la Isla.

Por el contrario, para llegar al mismo objetivo de lograr esas economías, nuestra administración propone medidas e iniciativas para lograr eficiencia gubernamental; reduciendo el tamaño del gobierno, sin despedir empleados públicos, haciendo más con menos y de una manera más eficiente.

Mi compromiso es reducir el tamaño del gobierno de 131 agencias a 35 en un periodo de 5 años Los cambios que estamos encaminando tomarán tiempo, pero también tendrán sus resultados en los primeros dos años.  A esos efectos, es que se legisló el concepto del gobierno como empleador único, las alianzas público-privadas participativas, y la prestación de servicios por organizaciones sin fines de lucro. Se pueden lograr economías, sin atentar contra el Pueblo.

De la misma forma, vamos a hacer más productivo a nuestro gobierno, y nivelar los días de vacaciones con aquellos del sector privado.  Esto producirá un ahorro de cientos de millones de dólares y evitará el despido de miles de empleados públicos.

Finalmente, estaremos eliminando los llamados subsidios.  Los subsidios representan $750 millones de dólares del gasto del gobierno central.  Estableceremos un mecanismo para que los municipios puedan recuperar parte del ingreso, mediante servicios delegados e ingresos del estado y el CRIM. De la misma forma, fomentaremos la creación de estructuras regionales mediante los consorcios incentivados por ley.  Las creaciones de estas regiones ayudarán en el recaudo, en la planificación y en la obtención de fondos federales, entre otros mecanismos de ingreso y desarrollo económico.  Próximamente, estaré radicando este proyecto.

Estas iniciativas nos permiten desarrollar una nueva estructura de gobierno, y resolver de una vez y por todas, los problemas que llevamos arrastrando por décadas. Nos encaminamos a tener un Gobierno que elimine los gastos perdidosos. Un gobierno más ágil, que te pueda rendir cuentas.  Un gobierno donde cada dólar de tu contribución, lo veas en acción y servicios al pueblo más eficientes, y así nos levantaremos con más fuerza que nunca.

Otra de las propuestas de la Junta consiste en reducir en $1,000 millones los gastos al programa de la reforma de salud. Eso implicaría que más de 500,000 puertorriqueños se quedarían sin la tarjeta de salud, y casi un millón se quedarían sin la cobertura de medicamentos. Como si fuera poco, se ha estimado que un recorte de $500 millones provocaría un colapso de la industria de salud en Puerto Rico.

Para mí, la salud del pueblo es prioridad.  Por ello te propongo un nuevo modelo de salud.  Un sistema de salud personalizado; centrado en el paciente; uno que te trate como un ser humano y no como un número más.  Uno que te permita buscar acceso en toda la isla; que te permita a ti decidir.

Con iniciativas de pago por valor, donde reduciremos el gasto administrativo significativamente, la detección de fraude y la reducción en el costo de los medicamentos, podemos ahorrar hasta $300 millones.

El Sistema de Salud va a evolucionar para darle el control al paciente. El paciente podrá escoger su proveedor o asegurador, y lo podrá hacer bajo el marco de la competencia abierta, y podrá cambiar, si no está contento con su servicio.  El paciente ya no estará limitado a su región, o a un mal servicio. El poder ahora estará en sus manos.

Este cambio positivo, también trae consigo un ahorro de al menos $250 millones adicionales al año, y un incremento de población de 50,000 personas, entre los que se encuentran grupos de inmigrantes y otros sectores de nuestra población que hoy no tienen acceso a servicios de salud.

En los cambios que les estamos proponiendo logramos $550 millones en ahorros y le brindamos al pueblo acceso a mejores servicios de salud.

En este renglón, no llegamos al objetivo de los 1,000 millones que recomienda la Junta, porque destruiría nuestra industria de servicios de salud y limitaría el acceso a cientos de miles de puertorriqueños.  Es importante resaltar que no estamos contemplando los fondos federales en Salud en este escenario. De contemplarlos, sería muy distinto el panorama.  Ahí radica la importancia y la justicia que implica el trato a Puerto Rico en igualdad de condiciones que los cincuenta estados de la unión.

No obstante, el ahorro obtenido en el campo de desarrollo económico, que asciende a $800 millones, mitiga este impacto en el sector salud.

El otro renglón donde las propuestas de la Junta y las de nuestra administración difieren, está relacionado con los recortes a las pensiones. La Junta propone un recorte de un 10% a todas las pensiones.

Nuestra administración está comprometida con la defensa de las pensiones de los más vulnerables. Resulta injusto y hasta inhumano, recortar pensiones que apenas les alcanza a esos jubilados para pagar sus medicamentos, alimentos y gastos para una humilde vivienda. Nos referimos a empleados públicos; policías, maestros, que, entrados en años, ahora dependen sólo de una modesta pensión para subsistir luego de haber trabajado por 30 años o más. A esos es a los que la Junta les pretende recortar un 10% de su pensión. Para nosotros, eso es inaceptable.

He propuesto un sistema progresivo para llegar a los objetivos. Aquellos que tengan más, tendrán que aportar más. Los más vulnerables, no sentirán ningún impacto. Todo lo contrario.

Les anticipo que sometí legislación para poder facilitar que la Policía pueda cotizar para el seguro social, sin impacto a su cheque. Lo propio estaremos evaluando próximamente para los maestros.

Además, como medidas a mediano plazo, vamos a inyectarle dinero a los sistemas de retiro, mediante las alianzas público-privadas participativas y con los ahorros que se logren en las agencias y corporaciones públicas.

Por otra parte, la Junta propone una reducción de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico. Sobre ese particular debo expresar lo siguiente:

Como académico, estoy convencido que las universidades son una pieza clave para la trasformación de Puerto Rico. Los grandes cambios en las sociedades modernas han germinado en la academia y se hacen realidad impulsados por nuevas generaciones, mejor educadas y capacitadas.

La previa administración universitaria, abandonó su responsabilidad de someter un plan y atender los retos que les corresponden.  Me motiva saber que la nueva presidenta ha tomado acción. Ya ha identificado áreas de ahorro que ascienden a doscientos millones de dólares. La orden ejecutiva que recientemente firme, facilita que de manera inmediata la universidad se beneficie de ingresos de entre cincuenta a cien millones de dólares adicionales por concepto de servicios al gobierno.  A tales fines, la señora presidenta, la junta de síndicos, y la comunidad universitaria sepan, que hago mi gobierno disponible a la colaboración y al dialogo, en este proceso para ayudar a la universidad, respetando la autonomía universitaria.

Señoras y señores legisladores; hoy, martes 28 de febrero de 2017, el Gobierno de Puerto Rico le presentará a la Junta de Supervisión Fiscal un Plan que cumple con los objetivos de reducción de gastos, sin afectar los servicios esenciales al pueblo, sin despedir empleados públicos, basado en pilares robustos de desarrollo económico, y con el objetivo claro de mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño.

Las economías anuales ascenderán a $3,800 millones y al concluir un periodo de dos años, totalizarían la cantidad de $5,000 millones, fundamentado sobre presupuestos balanceados.

Hago un paréntesis para dejar algo bien claro. Este plan no incluye los cientos de millones de dólares en Fondos Federales para la Salud. Ha sido la posición de la Junta no incluirlos.  Pero es importante que sepan lo que significaría tener ese dinero.  Implicaría que tendríamos $850 millones más el próximo año, y $1,500 billones más el que sigue. Tener estos recursos, nos permitiría mitigar impactos en otras áreas como la universidad, pensiones y para honrar el pago a la deuda.  Por ello, reitero mi exhortación a la Junta de Supervisión Fiscal, y a todos los sectores impactados, a que se una a nuestro reclamo al Gobierno Federal, para que se trate a Puerto Rico en igualdad de condiciones en los programas de salud.

Ese es nuestro plan fiscal. Exhortamos a la Junta a que lo considere y lo apruebe.  Los invito a que demos inicio a un proceso hacia la recuperación económica de Puerto Rico. Ese debe ser nuestro objetivo en común. Para eso el Pueblo nos eligió a nosotros de manera democrática y es a ese Pueblo a quien nos debemos y a quien le rendiremos cuentas. Para eso es que hoy comparezco ante ustedes.

Durante mi mensaje inaugural como gobernador, les indiqué que debemos enfrentar la crisis como un gran reto, que podemos traducir en grandes oportunidades. Ese es el desafío que nos puede llevar a edificar una sociedad más justa, digna y progresista. Ese es el desafío que nos puede llevar a juntos construir un nuevo Puerto Rico.

Transformar a Puerto Rico en una sociedad más justa requiere una amplia reforma contributiva. El Estado Libre Asociado es la jurisdicción de los Estados Unidos con la tasa de impuestos más alta. La planilla estatal más alta.  El impuesto al consumo más alto.  El ingreso por persona más bajo.  Eso, no solo impide el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, sino que es inaceptable.

La errada e improvisada política contributiva que durante los pasados años llevó a más puertorriqueños a la pobreza y provocó el cierre de comercios y empresas en Puerto Rico, será cambiada por un sistema más simple, moderno y justo con la clase trabajadora y media de nuestra sociedad. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos.

Aprovecho la ocasión para anunciarles, que gracias a los ajustes fiscales que nuestra Administración ha realizado, el Departamento de Hacienda estará comenzando a emitir mañana miércoles pagos de reintegros a individuos, que ascienden a la cantidad de $15 millones. Ese dinero, que les corresponde a los contribuyentes, había sido retenido injustamente por el gobierno durante los pasados años. Si el ciudadano cumple con Hacienda, el gobierno también tiene que cumplir. Eso es lo que estamos haciendo: cumpliendo con el pueblo.

Transformar a Puerto Rico en una sociedad productiva y feliz, requiere la reconfiguración del sistema educativo, según lo conocemos hoy. Previo al inicio del próximo semestre académico, estaremos presentando una reforma educativa integral, que facilite que los recursos destinados a la educación lleguen al salón de clases.

Los resultados actuales son inaceptables. No podemos estar conforme con el sistema actual. Tenemos que hacerlo mejor y hacia eso nos dirigimos. A preparar a nuestros estudiantes para la vida real.

Vamos a subir los estándares de la calidad en nuestro sistema educativo para que nuestros estudiantes puedan pensar en grande, al nivel más alto, y vamos a tener resultados.

Como parte de nuestro plan fiscal y de desarrollo socioeconómico, estaremos implementando medidas para consolidar escuelas y hacerlas mejor.  Estaremos eliminando niveles de burocracia que impiden que los recursos lleguen a los niños. Estaremos creando un sistema donde las escuelas tengan mayor autonomía; esto incluye la municipalización de escuelas, la colaboración con el tercer sector y con las cooperativas de maestros para correr los planteles escolares. Estaremos creando un sistema donde los padres serán parte integral del mismo, y donde tendrán la opción de escoger dónde estudian sus hijos.

Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes tengan igual oportunidad para ser exitosos. La nueva escuela de excelencia a la que todos aspiramos, debe cumplir con nuestra responsabilidad de atención a los estudiantes de educación especial. Aquí, nuevamente; los padres tienen que ser parte integral de la solución. No puede haber excusa alguna para que no se atiendan correctamente a nuestros estudiantes de educación especial.

Vamos atrevernos a innovar para crear una nueva escuela que sea orgullo de todos los puertorriqueños. Vamos a preparar a nuestros hijos con las destrezas y experiencias que les permita pensar de manera crítica, a comunicar efectivamente y estar en condiciones tener logros en el mundo real. Vamos a prepararlos para el éxito. Esa oportunidad tiene que existir, no importa de donde vengan. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos. Así nos levantaremos con más fuerza que nunca.

En ese esfuerzo contamos con el magisterio; con la dedicación y el compromiso de nuestros maestros, entre los que se encuentra la profesora Rebecca Gómez Pellot, a quien conocí en la Escuela Evaristo Rivera Chevremont, localizada en la comunidad de Vista Hermosa.

Rebecca mantuvo a sus estudiantes en calma, dándoles protección mientras escuchaban las detonaciones de ráfagas de disparos, provenientes de un grupo de delincuentes que se encontraban cerca a la escuela. Cuando tuve la oportunidad de ver el video donde esos niños se abrazaban debajo de una mesa buscando protección y su maestra hacia lo indecible por darles seguridad, no pude hacer otra cosa que trasladarme hacia esa escuela para conocer a Rebecca y testimoniarle el agradecimiento de nuestro Pueblo por su dedicación y compromiso con sus estudiantes.

Transformar a Puerto Rico en una sociedad más segura, requiere que confrontemos con determinación la violencia y el narcotráfico. A los delincuentes y narcotraficantes les digo, no vamos a darles tregua. Las calles, las comunidades, los centros comerciales, los parques, nuestros campos y las ciudades, NO le pertenecen al crimen organizado y al narcotráfico. Los vamos a enfrentar con determinación e inteligencia para garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo y el derecho de las familias puertorriqueñas a vivir en paz.

Como parte de nuestro compromiso de hacer el gobierno más ágil y que responda de una forma más eficiente ante las necesidades del pueblo, hemos presentado legislación para crear el Departamento de Seguridad Pública, donde se consolidarán la mayoría de las agencias de seguridad pública para ser más efectivas combatiendo el crimen.

Es precisamente la relación entre las agencias federales y las estatales para combatir el crimen, la que ahora adquieren otra dimensión. Recientemente se firmó el Acuerdo más abarcador que se haya logrado, entre las agencias que componen los organismos del gobierno federal en Puerto Rico y nuestra Administración, a los fines de integrar esfuerzos, conocimiento y tecnología para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

El nuevo acuerdo incluye atender conjuntamente delitos de armas, crímenes violentos, narcotráfico, carjackings y corrupción gubernamental, integrando los esfuerzos de la fiscalía federal con el Departamento de Justicia.

Como parte del Acuerdo, diez fiscales del Departamento de Justicia serán destacados en la Fiscalía Federal para atender las áreas definidas en el “Memorandum of Understanding” suscrito en la Fortaleza el pasado 1 de febrero.

Hoy los puertorriqueños tenemos un nuevo gobierno, que se está modernizando, para ser uno más eficiente, sensible y ágil en sus respuestas; responsable en su proceder y honesto en la administración de las finanzas públicas. Un Gobierno que responda al pueblo y a ningún otro interés. Ese es mi compromiso con Puerto Rico. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos.

Hermanas y hermanos puertorriqueños:

Para transformar a Puerto Rico en una sociedad con todos los derechos civiles, responsabilidades y beneficios para todos, tenemos que resolver la inmovilidad política. La indefinición solo puede conducir a perpetuar la crisis económica y social que afecta a nuestro Pueblo.

Independientemente de la ideología política que podamos tener; de nuestras preferencias partidistas o la fórmula de estatus que cada uno de nosotros aboguemos, debemos coincidir en que el modelo económico de la colonia colapsó. Debemos coincidir en que la condición colonial actual limita nuestras posibilidades de desarrollo y agrava la crisis fiscal en que se encuentra el gobierno y la crisis económica que afecta a la mayoría de los puertorriqueños.

En eso deberíamos estar todos de acuerdo – o al menos – la inmensa mayoría. Si partimos de esa premisa, coincidiremos enel origen y en las causas del problema fundamental. No hay forma de salir de la crisis actual, mientras se mantenga a Puerto Rico bajo un sistema colonial, donde se discrimina contra los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos.

En ese ánimo constructivo invito a todos los sectores políticos, a los partidos, a la llamada sociedad civil y a todo el pueblo de Puerto Rico, a reflexionar sobre la histórica oportunidad que tendremos el próximo 11 de junio de participar en el Plebiscito. Las alternativas para descolonizar a Puerto Rico están definidas en esa consulta al Pueblo. Continuar con la colonia y recurrir al engaño con argumentos políticos que no tienen validez jurídica, no puede ser una opción para los puertorriqueños. Las alternativas estarán en la papeleta. Vote usted por la que mejor entienda represente la opción de un mejor futuro para su familia, para sus hijos, para sus nietos; para continuar viviendo aquí, junto a tus seres queridos, en la tierra donde nacimos, en nuestro Puerto Rico.

El 11 de junio los puertorriqueños decidiremos si la crisis se perpetúa, o si optamos por exigir la igualdad de derechos que nos corresponden como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

A esta generación le tocó el momento de la definición y no vamos a darle la espalda a la historia, mucho menos a Puerto Rico. Que nuestros hijos y nietos relaten con orgullo, como ésta generación asumió la responsabilidad de reclamar al Congreso de los Estados Unidos y al mundo el fin de la indigna condición colonial, para dar paso al supremo derecho a la igualdad.

Resuelto ese angustioso dilema político, todos los puertorriqueños estaremos unidos edificando una sociedad más justa, segura y progresista.

Ahora nos levantamos con más fuerza que nunca, para vivir en una sociedad donde las oportunidades estén accesibles para cada hijo de esta tierra y donde todos estemos orgullosos de haber cumplido con nuestra patria. Ese mejor Puerto Rico es posible. Este es nuestro momento y hacia eso nos dirigimos.

Que Dios nos ilumine en el camino que recién iniciamos.

Que Dios bendiga a Puerto Rico.

Muchas gracias.

Is Puerto Rico on a Path to Incorporation?

February 15, 2017

By Eva Llorens Velez, Caribbean Business

Although Puerto Rico is on its way to holding a status plebiscite over the summer and the governing New Progressive Party has petitioned Congress for Puerto Rico’s admission as a state, some argue the island will have a higher chance of becoming a state if U.S. lawmakers were to declare Puerto Rico an incorporated territory en route to statehood.

Right now, the dominant argument among all sectors is that Puerto Rico is an unincorporated territory, but pro-statehood lawyer Gregorio Igartúa, who has taken several cases to the courts that seek to grant more rights to Puerto Ricans living in Puerto Rico, presented arguments in favor of incorporating Puerto Rico.

“It would be easier to have Congress declare Puerto Rico an incorporated territory in transit to statehood,” Igartúa said, arguing that in this case, Puerto Ricans would no longer have to worry about remaining a commonwealth or becoming independent, as those two options would be out of the picture.

He argued that getting such a declaration is easier because Congress and the courts have been gradually incorporating Puerto Rico to the point that it is a “de facto incorporated territory.”

His opinion is shared by U.S. District Judge Gustavo Gelpí, who in 2008 declared that Puerto Rico was an “incorporated territory” using as a basis a U.S. Supreme Court ruling in Boumedienne v. Bush, which ruled that Cuba’s Guantánamo Bay prisoners had a right to seek habeas corpus because the U.S. Constitution was applicable there.

What is the difference between an incorporated and an unincorporated territory? “An incorporated U.S. territory is a specific area under the jurisdiction of the United States, over which Congress has determined that the U.S. Constitution is to be applied to the territory’s local government and inhabitants in its entirety,” including citizenship and trial by jury, according to the U.S. Department of the Interior’s Office of Insular Affairs. The United States has not had any incorporated territories since Hawaii and Alaska were admitted as states in 1959.

Unincorporated territories can be treated differently by Congress except for “abridging fundamental rights,” such as the right to privacy or same-sex marriage. This can be likened to the differences between Puerto Ricans residing on the U.S. mainland and those living in Puerto Rico. While they are U.S. citizens, they are treated differently when living on the island, but the same is true for non-Puerto Rican U.S. citizens who are local residents.

For example, Puerto Ricans who live stateside enjoy all the perks of citizenship, including the ability to vote for members of Congress and the president, while local residents cannot vote in presidential elections and do not enjoy the same benefits or receive parity in federal programs as the states. Local residents also do not have full representation in Congress. Puerto Rico does not elect U.S. senators and has a nonvoting representative in Congress.

P.R. House Status, Federal & International Relations Chairman José Aponte said there is no reason why Puerto Rico has to be an incorporated territory. He noted that incorporated territories do not have the same rights as states, such as congressional representation.

Former Gov. Rafael Hernández Colón, who supports the commonwealth status, believes that following a petition for statehood, Congress will make Puerto Rico an incorporated territory. However, he argued that such a status would result in Puerto Ricans paying federal taxes while having no congressional representation.

Task Force says P.R. is unincorporated

At the heart of the differences is a series of cases that go back to the early 20th century that have justified, in varying degrees, the unequal treatment of Puerto Rico. Using that jurisprudence, the U.S. Task Force on Economic Growth on Puerto Rico has reiterated that Puerto Rico is an unincorporated territory of the United States.

“As a territory, Puerto Rico is subject to Congress’ plenary powers under the Territory Clause of the United States Constitution. The U.S. Supreme Court has held that, so long as Congress does not abridge the fundamental rights of individuals living in the territories, Congress can enact laws that treat the territories differently than the states if there is any rational basis for the differential treatment,” reads a report by the Task Force.

“The territories can—and, currently, each of the five territories does—participate in presidential primaries, but the territories cannot participate in the general election for president,” the report states.

The term “unincorporated” territory denotes that Puerto Rico retains the potential to become a state of the United States; become a sovereign nation, either fully independent from the U.S. or with a voluntary compact of free association with the U.S.; or maintain its current status as a territory.

“As a practical matter, in order for Puerto Rico to change its political status, the people of Puerto Rico—through an exercise of their right to self-determination—must first request a change in status in a fair and impartial plebiscite. If the people of Puerto Rico do request a change in status, the federal government would have to enact legislation to approve the requested change,” the report notes.

Legal rebuttal

However, Igartúa said the Task Force erred in its assessment that Puerto Rico is an unincorporated territory, arguing that the legal relationship Puerto Rico has with the U.S. is that of a “de facto” incorporated territory in transit to statehood. Moreover, Puerto Rico has a federalist relation with the U.S. as the 50 states do since the island’s constitution was adopted in 1952, he said. According to Igartúa, the Task Force has ignored numerous federal statutes and actions as well as other judicial rulings that already treat Puerto Rico as a state despite court rulings to the contrary.

“The degree of incorporation of Puerto Rico to be like a state can be considered by implication [to be so] strong as to exclude any other view than that it is an incorporated territory of the United States,” he said in a letter to the Task Force.

When the U.S. took over Puerto Rico in 1898, through the Treaty of Paris, the island had been an overseas province of Spain for more than 400 years and had sent 100 senators to Spain as its representatives. Igartúa said within that legal source of authority, Congress began a gradual process of incorporation.

“Puerto Rico has been legally incorporated to be gradually ‘like a state’ to the same or more extent as any other territory before becoming a state, or as the territories that were incorporated in transit to statehood under the Northwest Ordinance,” he said.

The federal courts have established U.S. territorial policy after 1898, making certain distinctions between incorporated and unincorporated territories. In 1901 the U.S. Supreme Court decided the Insular Cases, establishing its own judicial interpretation of when the U.S. Constitution would apply to the newly acquired territories.

“The court decided that newly acquired territories could be incorporated by the United States to be like states, or could be kept temporarily as unincorporated until Congress determined that the residents of those territories could be considered to be part of the ‘American Family,’ at which time the U.S. Constitution would fully apply,” Igartúa said.

The court, however, did not offer the criteria that the federal courts and Congress would use to determine when a newly acquired territory was incorporated or not.

In the Downes case of 1901, the Balzac case of 1922 and the 1980 case of Harris v. Rosario, the top court did establish reasons for discriminating or treating Puerto Rico differently.

‘Discriminatory arguments’

According to Igartúa, from a reading of the cases, the courts adopted expressly, or by implication, to classify a territory as unincorporated, in this case Puerto Rico, using discriminatory arguments as follows:

—Puerto Rico is a unincorporated territory of the United States.

—The fourth, fifth and sixth generation U.S. citizens of Puerto Rico are still not part of the “American Family” and this would only be apt when Congress determines.

—Puerto Rico is a territory belonging to the United States but is not a part of the United States.

—Only fundamental constitutional rights extend to American citizens residing in Puerto Rico, notwithstanding congressional and judicial provisions to the contrary.

—The U.S. citizens of Puerto Rico do not pay federal taxes, which Igartúa said is incorrect, noting that in 2015, Puerto Rico residents paid $3.5 billion in federal taxes.

—The cost of treating Puerto Rico like a state, like an incorporated territory, would be huge for purposes of federal assistance, meaning receiving parity in federal funds like the states.

—Granting greater benefits to Puerto Rico like the states would disrupt the Puerto Rico economy, as if it were not disrupted already, Igartúa indicated.

—The blessings of a free government under the U.S. Constitution cannot still be extended to the U.S. citizens of Puerto Rico.

—Puerto Rico is still inhabited by an “alien race.”

History of incorporation

However, Igartúa said Congress has ignored judicial provisions and has gradually incorporated Puerto Rico. For instance, he noted the 1899 presidential executive order recommending that the U.S. Constitution be extended to Puerto Rico; the 1900 Foraker Act that established a civil government for Puerto Rico; the Jones Act of 1917, which granted U.S. citizenship to Puerto Ricans; the applicability of the same privileges and immunities clause in 1947; the right for Puerto Rico to elect a governor in 1948; and the island’s right to adopt a constitution in 1952, which declared in its preamble a union with the United States.

Congress has also disposed that the laws of the United States, which are not locally inapplicable, apply in Puerto Rico with the same effect and to the same extent and validity as in the U.S. “Every year, hundreds of laws enacted by Congress are made applicable to Puerto Rico as if it is a state. This includes tax laws,” Igartúa indicated.

All federal agencies and/or subdivisions of the Executive Branch treat Puerto Rico similarly as a state, and many have offices in Puerto Rico. “Every year, hundreds of regulations adopted for applicability to the 50 states are also enacted by federal agencies to Puerto Rico as if it is a state. There are more than 9,000 federal government civil-service employees in Puerto Rico,” he said.

“Most federal internal revenue laws are applicable within the jurisdiction of Puerto Rico as if Puerto Rico were a state, to the extent that in certain categories, more taxes are paid to the federal Treasury than from some states. The Internal Revenue Service (IRS) operates several offices, and U.S. Customs also operates in Puerto Rico,” he said.

“In 2014, the residents of Puerto Rico contributed more than $3 billion to the U.S. Treasury; contributed more to the U.S. Treasury in Social Security (FICA) taxes than employees and employers in some states; contributed more to the U.S. Treasury in Unemployment Insurance taxes than the residents of 15 states, according to IRS numbers,” Igartúa said.

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Unincorporated for now

BY ISMAEL TORRES

Before the 1898 Spanish-American War through which the United States acquired the Philippines, Cuba and Puerto Rico, the States had no overseas-territories policy because it did not have overseas territories or colonies.

Until then, the United States obtained territories and incorporated them to later admit them as states of their federation.

Upon acquiring these overseas territories, the concept of unincorporated territories was created in 1898 because the United States had no interest in incorporating them as part of its federation.

In the case of Puerto Rico, it was evident that it was not an incorporated territory because they did not do it in 1898 when they acquired the island as a bounty of war.

When it later was said that Puerto Rico and the Philippines could eventually become states of the Union, the U.S. Supreme Court decreed that those territories belong to, but are not part of, the United States and thus established a new category between incorporated and unincorporated territories and those, like Cuba, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and American Samoa, that later became unincorporated territories; that is, they belong to, but are not part of, the United States.

If Puerto Rico were an incorporated territory like Arizona or Alaska, for example, a person born there would be a U.S. citizen in constitutional terms, according to the 14th Amendment of the U.S. Constitution, which states that U.S. citizens are those people born in the United States. In light of this clause, Puerto Rico is not in the United States. That is why there were no U.S. citizens on the island until 1917, when U.S. citizenship was granted by a law decree—even though the island had been occupied since 1898.

In light of this legal situation, a case has yet to reach the U.S. Supreme Court where a U.S. citizen born in Puerto Rico can ask whether he or she can be president of the United States, since the citizenship they hold is legislative rather than constitutional.

In the opinion of former pro-independence Sen. Fernando Martín, it is not possible for the United States to turn Puerto Rico into an incorporated territory if it did not eventually intend to grant it statehood.

“[An] incorporated territory is like riding in an elevator that sooner or later leads to statehood,” said the retired University of Puerto Rico Law School professor.

“It also shows that the United States knew very well when it captured Puerto Rico and the Philippines that there was no plan to turn them into states, nor has there ever been one,” Martín said.

The United States could have incorporated Puerto Rico when it granted the island’s residents U.S. citizenship, but it failed to do so.

After granting citizenship to Puerto Ricans by way of legislation in 1917, a person claimed in federal court that in light of that decision, Puerto Rico then automatically became an incorporated territory. Then, in 1923, the U.S. Supreme Court said that for Puerto Rico to become an incorporated territory, Congress must expressly make it so.

In addition, the recently enacted Puerto Rico Oversight, Management & Economic Stability Act, or Promesa, backs all its decisions on Puerto Rico based on the island’s territorial condition, creating a territorial control board with full power over all government activities.

Former PDP Sen. Marco A. Rigau does not support the unincorporated territory or unincorporated territory statuses. He believes both options go against Puerto Rico’s interests.

“My position is for Puerto Rico to have full self-government powers and forge a one-on-one association with the United States,” he said.