Desinformación y Autodeterminación

Desinformación y Autodeterminación

por Joe Barbosa

Introducción

El sistema republicano representativo configurado por los padres de la Patria Americana se basa en la participación efectiva de una ciudadanía bien informada y responsable.  Puerto Rico como sociedad organizada ha practicado dicho modelo dentro de parámetros limitados y relativamente estables, a través de más de un siglo.  En consecuencia, las instituciones democráticas puertorriqueñas se han desarrollado dentro de ese marco político americano con aceptable efectividad.  A la vez, todos los que hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en Puerto Rico o sus municipios de Viéques y Culebra, deseamos mejorar la organización política y social existente de tal suerte que responda más apropiadamente a que el gobierno emane de los gobernados.  En consecuencia, a través de nuestras instituciones poner en práctica acciones que nos lleven a mejorar como sociedad por nosotros mismos, esto es, auto-determinarnos. El anhelado y mal explicado concepto de autodeterminación no sólo se refiere al status político sino que es más abarcador especialmente de valores y filosofía.

Las decisiones colectivas requieren una ciudadanía bien informada lo que nos obliga a preguntar, ¿Tenemos fuentes de buena información y comprensibles al Pueblo? Esos dos requisitos son indispensables para decidir sensatamente cualquier decisión colectiva. Por eso, la carta orgánica (constitución) garantiza la libertad de expresión que incluye libertad para diseminar la información verdadera.  Sin embargo, el apego exagerado e intransigente de la Rama Judicial al “debido procedimiento de ley” ha permitido que las leyes de libelo sean inefectivas para asegurar que la información sea verdadera.

Al comienzo del Siglo XXI, sabemos que recibimos exceso de información al punto que es difícil identificar la que es pertinente para hacer nuestras decisiones colectivas.  Lógicamente, la información útil para las decisiones tiene que ser totalmente verdadera o tan cerca de la verdad como sea posible para que las decisiones sean correctas.  Sin embargo, la libertad se usa también por las firmas de “relaciones públicas” que son expertas en afirmar lo positivo de los que pagan la promoción y esconden las debilidades de dicha promoción. Los partidos políticos y sus militantes imitan o integran las técnicas de dichas firmas. Esa combinación es fatal para la democracia republicana.

Desinformación al amparo de la Constitución

La tradición judicial americana desde temprano en el Siglo XIX, convirtió a la Corte Suprema (SC) de la nación en el árbitro inapelable del significado de la Constitución.  En consecuencia, la ley no es necesariamente lo que legisla el Congreso y aprueba el Presidente sino lo que interpretan los jueces del Supremo o en su defecto, los jueces inferiores de los Tribunales de Distritos Federales.[1] Las consecuencias de decisiones erradas de la CS tienen efectos imprevisibles dañinos o benefactores para la comunidad.

Por ejemplo, la interpretación de la libertad de expresión de la Corte Suprema (CS) permite como “expresión libre”, la quema de la bandera nacional por un ciudadano americano.   Desde ese punto de vista, los artistas del “graffiti” pueden pintorretear impunemente la propiedad privada de una sociedad.  Siguiendo ese mismo libertinaje jurídico, los jueces han ido debilitando las leyes que limitan derechos como las de libelo al punto que casi nunca se puede ganar un caso donde se difama repetidamente.  En Puerto Rico, los medios de comunicación pueden violar la constitución colonial impunemente por una interpretación equivocada  del Artículo II, Sección 8 del Estado Libre Asociado[2] y el propio Congreso de los Estados Unidos de América (EUA) viola los Artículos XIV y XV de la Constitución de los EUA debido a la serie de decisiones de la CS conocidas colectivamente como los “Casos Insulares” que no permiten que la Constitución cobije cabalmente a los ciudadanos americanos de Puerto Rico.[3] Una explicación detallada de cómo los “Casos Insulares” inciden en la discriminación geográfica que sufrimos los ciudadanos americanos puertorriqueños se presenta magistralmente en el libro del Dr. Pedro J. Rosselló, El Asunto Inconcluso de la Democracia Americana, Capítulo IV, “Metamorfosis de la República al Imperio: Cómo la Constitución repentinamente dejó de “seguir a la bandera”.[4] (Porque hasta el 1898 la tradición de los EUA había sido incorporar los nuevos territorios durante la expansión territorial nacional y el cambio de la CS responde a un tipo de prejuicio racial que brilla en las decisiones anteriores, especialmente en “Plessy vs. Ferguson” del 1896 que fue decidido por los mismos jueces que más tarde hicieron la decisión Downs vs. Bidwell del 1901 que inventó el concepto de “territorio no-incorporado” como perteneciente a EUA pero no parte de EUA).  Cualquier persona que lea con cuidado eso de “perteneciente pero no parte” tiene que sospechar que es una trampa jurídica o un uso demagógico del idioma.  Esa injusta decisión se agrava cuando la tradición de seguir los precedentes de la CS de los EUA ha hecho casi permanente la decisión y por eso hay una serie de decisiones que siguen a la decisión del 1901 aunque fuera un disparate injusto.[5]

Esta breve exposición histórica es necesaria para comprender por qué la información convencional en torno a la organización legal de nuestra Patria confunde a propósito al Pueblo de Puerto Rico.  El ejemplo más claro es el nombre de nuestra Constitución Colonial, Estado Libre Asociado, que se tradujo al inglés como “Commonwealth”.[6] Si tomamos en consideración que el Pueblo de Puerto Rico en 1952 había escuchado constantemente los términos “Estado” asociado a la estadidad dentro de la Unión Americana y “Libre” asociados a las Repúblicas independientes de Latinoamérica, es lógico pensar que nuestro Pueblo fue engañado con el uso hábil del idioma.  A la vez, se diseminó un nombre cuya ambigüedad era evidente.  ¿Cómo se puede ser libre y asociado a la vez?  Solamente para satisfacer los deseos de alcanzar el significado popular de cada uno de esos términos en vez de la indefinición que fomenta la resolución citada.  Un pequeño pero importante segmento de nuestra población (PIP) ya se había retraído de participar en la Constituyente mientras que el tercer partido ese año, el estadista, participó en la Constituyente por conveniencia ideológica y por confrontar la realidad que la mayoría del PPD era tan abrumadora que colaborar permitía, por lo menos, influenciar el resultado aunque fuera ligeramente.

Internacionalmente, la Metrópoli colonial, EUA, engañó a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirmando que Puerto Rico había dejado de ser colonia por haber elaborado su propia carta orgánica para gobierno interno.  No obstante, EUA no mencionó la vigencia de la Ley de Relaciones federales que mantenía la soberanía nacional del Estado Libre Asociado en manos del Congreso de los EUA.  Localmente, se proclamó con bombos y platillos como un nuevo estatus político y nuestra Patria favoreció con sus votos el magnífico engaño que nos sacó de la lista de colonias de la ONU.[7] Con el visto bueno de los mejores líderes boricuas del 1952 se ratificó un estatus político inexistente pero impuesto por EUA con la colaboración de nuestro gobierno colonial y proclamado por los medios de comunicación masiva.  Una vez más, se probó que para hacer decisiones colectivas correctas, la información verdadera es imprescindible.

También es pertinente al juzgar las decisiones de los invasores americanos sobre Puerto Rico y la primera ley orgánica francamente colonialista que llevó el nombre de Acta Foraker y que desilusionó a los líderes de la época posterior a la Guerra Hispano-Americana, el infame tratado de París entre España y EUA que cedió personas como si fueran cosas.  Los dos documentos mencionados, el Tratado de París y el Acta Foraker siguen vigentes más de un siglo después de perpetrados por las partes.  El contexto histórico debe incluirse al pasar juicio y no dejarnos llevar por la tentación de aplicar criterios anacrónicos, esto es, usar criterios de nuestro tiempo a hechos de hace más de un siglo.

Los párrafos anteriores explican cómo el uso de términos ambiguos propenden a confundir al Pueblo lo que, a su vez, produce indecisión colectiva que se ha reflejado en el plebiscito del 1998.

Plebiscito del 1998 sobre el Status Político para Puerto Rico

Preferencia                     % de votos                            Significado

Estado Libre Asociado 0.1% Rechazo total.
Estadidad 46.3% Opción mayoritaria.
Independencia 2.5% Minoría consistente con elecciones generales.
Libre Asociación 0.3% Desconocimiento de opción.
Ninguna de las anteriores 50.3% Indecisión, o Confusión.

La tabla demuestra claramente que si hubo alguna opción preferida por el Pueblo fue la Estadidad. Sin embargo, los medios de comunicación masiva en manos de los activistas del Status Quo y de los antiamericanos confesos, tergiversaron los resultados.  ¡Los propios favorecedores de la estadidad han aceptado que la estadidad nunca ha ganado unas elecciones!  En fin, una vez más la desinformación lleva a una conclusión falsa con implicaciones importantes para el futuro de nuestra Patria.

Autodeterminación

En Puerto Rico todas las elecciones son libres y tenemos un electorado al que se le facilita ejercer su voto.  Si la autodeterminación significa establecer la preferencia de tipo de gobierno propio, Puerto Rico siempre se está autodeterminando porque cada uno de los partidos participantes se asocia con una de las tres fórmulas de status político.  El 100% los residentes en Puerto Rico   profesan favorecer la democracia republicana de gobierno, el 95% prefiere mantener la ciudadanía americana y más de la mitad del Pueblo puertorriqueño ha optado por cambiar su residencia a uno de los 50 estados federados de los EUA, la conclusión inevitable es que el Pueblo puertorriqueño se ha autodeterminado a favor de la Estadidad federada.

Las aseveraciones anteriores toman en consideración que hay más de 4.3 millones de puertorriqueños identificados como tales en los 50 estados federados y sólo hay 3.7 millones en Puerto Rico y sus islas adyacentes.  Por lo tanto, la mayoría de los puertorriqueños han votado con sus pies trasladándose a uno de los Estados de la Unión y en Puerto Rico la abrumadora mayoría es pro-unión permanente con los EUA.  La conclusión inescapable es que el Pueblo de Puerto Rico prefiere la Estadidad Federada como meta final y firme de su estatus político.


[1] En 1803 la Corte Suprema del juez presidente, John Marshall, decidió el caso Marbury vs. Madison y  estableció la inconstitucionalidad de una ley debidamente aprobada por  el Congreso.

[2] Artículo II, Sección 8: Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada familiar.

[3] Caso “Downes vs. Bidwell” del 1901 comenzó una serie de decisiones del CS que ha mantenido a Puerto Rico y sus habitantes como ciudadanos de segunda clase por negarles la protección completa de la Constitución Federal.

[4] P.J. Rosselló González, El Asunto Inconcluso de la Democracia Americana. Biblioteca Pedro Rosselló de la Universidad del Turabo, ISBN 978-0-9823230-0-7, 2008.

[5] El trasfondo de esa decisión tiene mucho que ver con lo que he llamado el pecado original de los EUA que es el prejuicio racial heredado de Europa pero perfeccionado e institucionalizado en EUA por los primeros dos siglos y medio de la República Americana.  Véase, Negrofobia y otros Ensayos de mi autoría publicado en el 2007 por Equs Inc. y vendido por  la librería “La Tertulia”.

[6] Resolución # 22 aprobada en la Sesión Plenaria de la Convención Constituyente de Puerto Rico celebrada el día

4 de febrero de 1952.

[7] Hay mucha evidencia de las maniobras deshonestas que propiciaron a la ONU a sacar a P.R. de la lista de

colonias.

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